Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha confirmado que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege el derecho de los ciudadanos a grabar porciones visibles de una comisaría de policía mientras permanecen en una acera pública. Sin embargo, el hombre cuyo arresto generó este precedente legal no podrá reclamar daños a los agentes que lo detuvieron.
El fallo llegó el 17 de agosto en el caso Massimino v. Benoit, decidido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que tiene jurisdicción sobre Nueva York, Connecticut y Vermont. Según informa el medio especializado Fstoppers, esta decisión alinea al tribunal con otros ocho circuitos federales que ya han reconocido un derecho constitucional a grabar la actividad policial en espacios públicos.
El origen del caso: una grabación en la calle
El conflicto se remonta a la noche del 30 de octubre de 2018. Keith Massimino, videógrafo profesional, estaba de pie en una acera de East Main Street en Waterbury, Connecticut, filmando el exterior de la comisaría de policía local. Durante la mayor parte de la grabación no había agentes visibles; Massimino se movía alrededor del edificio, enfocando elementos visibles desde la calle: la entrada principal, el acceso a la División Juvenil del departamento, una cámara de seguridad en el tejado y un garaje parcialmente abierto.
Los sargentos Matthew Benoit y Frank Laone se acercaron finalmente y le informaron de que filmar la comisaría constituía un problema de seguridad, exigiéndole que se identificara. Massimino se negó a mostrar identificación y fue arrestado. La fiscalía retiró posteriormente el cargo de obstrucción a la policía, y Massimino respondió demandando por el episodio.
Grabar lo visible no es delito
El análisis constitucional del tribunal de apelaciones se centró en la diferencia entre acceder a un lugar donde el público tiene prohibida la entrada y grabar algo que resulta visible desde un sitio donde el público tiene pleno derecho a estar. Massimino no reclamaba poder entrar en zonas restringidas de la comisaría; su argumento era más estrecho: mientras permanecía en una acera pública, podía grabar y distribuir imágenes de partes del edificio y actividad claramente visibles desde allí. El tribunal aceptó esa distinción.
El panel reconoció que la cámara de Massimino podría haber captado porciones del edificio a las que el público no tiene acceso físico, pero eso no eliminaba su derecho a grabar lo que ya podía observarse desde fuera. La decisión también se cuidó de no extenderse más allá de estos hechos concretos: nada en el expediente indicaba que Massimino hubiera utilizado tecnología para revelar información que una persona en esa misma ubicación legal no pudiera observar de otro modo. Así, la resolución protege grabar lo expuesto a la vista pública, pero no resuelve cuestiones relativas a drones, equipos de vigilancia especializados u otras tecnologías que permiten ver lo que un transeúnte normal no podría.
Inmunidad cualificada: ganar el derecho, perder el juicio
Aquí surge la contradicción más significativa del caso. El tribunal consideró que Benoit y Laone violaron el derecho de Primera Enmienda de Massimino, pero aun así les concedió inmunidad cualificada. Esta doctrina legal protege a funcionarios públicos de responsabilidad personal a menos que la norma jurídica que violaron estuviera claramente establecida cuando ocurrió el incidente. Según el panel, el Segundo Circuito no había establecido claramente esta protección concreta de la Primera Enmienda en 2018, por lo que los agentes no pueden ser considerados personalmente responsables, pese a que el tribunal ahora reconoce que su conducta violó la Constitución.
Los jueces también dieron la razón a los agentes en otro aspecto: concluyeron que Benoit y Laone tenían sospecha razonable para detener a Massimino y que su posterior negativa a cumplir la exigencia de identificación les proporcionó causa probable para arrestarlo. Esta parte de la sentencia ha generado críticas de comentaristas jurídicos, que argumentan que el razonamiento permite que una actividad protegida constitucionalmente con una cámara inicie una detención que después se convierte en base para un arresto.
Precedente establecido, resarcimiento negado
El resultado es un rasgo habitual en los litigios sobre el derecho a grabar a la policía: los tribunales cada vez más afirman que la Primera Enmienda protege la capacidad del público de documentar la actividad policial, pero la inmunidad cualificada puede suponer que la persona que pasa años estableciendo ese principio constitucional no reciba daños por la violación que produjo el precedente. Un análisis del Columbia Law Review ha descrito este problema como una división artificial entre circuitos judiciales creada en parte por la inmunidad cualificada.
Massimino pasó aproximadamente ocho años persiguiendo un caso que finalmente estableció la protección que afirmaba tener desde el principio. Pero como el tribunal de apelaciones no había anunciado esa regla antes de su arresto, los agentes que la violaron permanecen inmunes a daños. El caso ejemplifica una realidad frustrante del sistema legal estadounidense: establecer un derecho no garantiza justicia individual para quien lo establece.
Implicaciones para el futuro
Con todo, el fallo cambia el panorama legal para futuros encuentros. Los agentes en Nueva York, Connecticut y Vermont ahora tienen un precedente de apelación vinculante que establece que la Primera Enmienda protege grabar actividad policial visible públicamente desde una ubicación pública legal. Futuros acusados en el Segundo Circuito tendrán mucho más difícil argumentar que la existencia de ese derecho no estaba clara.
La decisión llega mientras las disputas sobre grabar a las fuerzas del orden permanecen activas a nivel nacional. En octubre de 2025, las senadoras Tammy Duckworth y Dick Durbin escribieron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem sobre arrestos de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, que habían filmado a agentes de la ley en público. Las senadoras argumentaron que el Departamento de Seguridad Nacional debería detener tales arrestos, caracterizándolos como posibles represalias por ejercer la Primera Enmienda y violaciones de derechos constitucionales claramente establecidos.
Para periodistas, videógrafos, observadores legales y personas que realizan las llamadas «auditorías de la Primera Enmienda», la tendencia es cada vez más coherente: los tribunales están reconociendo que una persona no pierde la Primera Enmienda simplemente porque apunta una cámara a las fuerzas del orden desde un lugar público. La pregunta más difícil sigue siendo la rendición de cuentas tras violar ese derecho. La doctrina de la inmunidad cualificada sigue creando casos en los que los tribunales reconocen la protección constitucional mientras dejan al demandante que la estableció sin indemnización económica.