Brasil está protagonizando un movimiento sin precedentes en el sector de los centros de datos: mientras en el resto del mundo las grandes tecnológicas luchan por encontrar energía suficiente para alimentar sus infraestructuras, en el país sudamericano son las propias compañías de energía renovable las que están construyendo megacomplejos de servidores. Así lo revela un análisis exclusivo de The Intercept Brasil y Mongabay, que ha documentado cómo el 65% de las solicitudes para conectar centros de datos a la red eléctrica nacional provienen de empresas del sector renovable.
Hasta diciembre de 2025, se habían presentado 68 solicitudes de conexión en 37 municipios brasileños. La explicación reside en la extraordinaria cantidad de electricidad que demandan estos complejos y en el enorme excedente de energía renovable que el país genera, según el medio especializado en medio ambiente Mongabay. La Agencia Internacional de la Energía proyecta que el consumo global de los centros de datos se duplicará hasta alcanzar los 945 TWh en 2030, el equivalente al consumo total de Japón, con la inteligencia artificial representando el 40% de esa cifra.
Recortes de generación que suponen pérdidas millonarias
Brasil produce más energía renovable de la que puede distribuir, una situación que puede desestabilizar la red y provocar apagones. Por ello, el operador de la red nacional (ONS) obliga periódicamente a las plantas renovables a detener su generación, en un proceso técnico conocido como «recorte» (curtailment). Solo en el primer semestre de 2025, estos recortes ocasionaron pérdidas de 3.200 millones de reales (unos 612 millones de dólares) para las empresas del sector.
La compañía solar Atlas, por ejemplo, tuvo que reducir la generación en una de sus plantas en Paracatu, estado de Minas Gerais, en casi un 40% por mandato del ONS. Al final del año, la empresa presentó un plan al Ministerio de Minas y Energía para instalar un complejo de centros de datos de 1 GW en el mismo emplazamiento. «Con el objetivo de optimizar el equilibrio entre oferta y demanda local y mitigar posibles restricciones de generación, Atlas planea establecer un centro de datos en el municipio», explica la empresa en una carta dirigida al ministerio revisada por los medios.
Contratos a largo plazo y tarifas más baratas
Al menos 36 empresas de energía renovable han modificado sus estatutos para incluir el desarrollo de centros de datos, según el análisis. Este modelo permite a las generadoras firmar acuerdos de compra de electricidad a largo plazo (15 o 20 años) directamente con los centros de datos y grandes tecnológicas, garantizando la venta del excedente sin perderlo ni alimentar la red interconectada.
«Las empresas de energía renovable pueden firmar contratos a largo plazo con centros de datos y firmas de Big Tech. Esto garantiza la venta del excedente durante 15 o 20 años sin necesidad de alimentar la red interconectada ni perder la energía», explicó Mikaelle Farias, ingeniera de energía renovable de la Universidad Federal de Paraíba y activista climática, al medio. Además, estos clientes ofrecen mayor fiabilidad financiera que otros sectores, como la electrificación del automóvil, y generan ingresos superiores a los que obtendrían las empresas distribuyendo energía dentro de Brasil.
Los contratos directos permiten a los centros de datos pagar tarifas significativamente más bajas. Mientras que la tarifa para consumidores brasileños alcanzó los 310 reales (59,77 dólares) por MWh en 2024, tras un aumento del 269% en 22 años, las empresas en el mercado libre pagaron 147 reales (28,34 dólares) por MWh ese mismo año, con un incremento del 90%, según datos de la Asociación Brasileña de Comercializadores de Energía (Abraceel) publicados en junio de 2025.
Brasil como moneda de cambio en la guerra arancelaria
La ventaja energética de Brasil se convirtió en baza negociadora durante la imposición de aranceles estadounidenses contra el país. Según el vicepresidente Geraldo Alckmin, los centros de datos fueron tema de conversación en reuniones con grandes tecnológicas durante las negociaciones previas a la entrada en vigor de los aranceles a mediados de julio de 2026. El gobierno brasileño planea conceder incentivos fiscales y exenciones a centros de datos que cumplan criterios de eficiencia hídrica, entre otros parámetros ambientales. Sin embargo, no está claro qué gana el país a cambio de estas ventajas.
En abril, Apex, la agencia brasileña de comercio exterior, organizó una misión a Estados Unidos con un objetivo claro: atraer inversión extranjera en centros de datos sostenibles. El Ministerio de Finanzas brasileño estima que trasladar un centro de datos a Brasil puede reducir la huella de carbono del procesamiento de IA hasta un 75%, lo que hace al país especialmente atractivo para las grandes tecnológicas que buscan cumplir objetivos de sostenibilidad, mejorar su reputación y ahorrar costes.
Impactos ambientales y sociales desatendidos
El análisis revela que al menos 29 de los 37 municipios donde se planean centros de datos contienen territorios Quilombolas (comunidades tradicionales fundadas por afrobrasileños que fueron esclavizados) con procesos de regularización en curso o tierras indígenas demarcadas o en estudio. Esto significa que el 78,3% de las ubicaciones previstas se superponen con tierras tradicionales cuyos habitantes desconocen en gran medida los riesgos industriales para los ciclos hidrológicos y la biodiversidad.
Desde la llegada de los primeros parques eólicos al noreste de Brasil hace dos décadas, las comunidades han denunciado impactos sobre sus territorios, modos de vida y salud. Los problemas comienzan con la instalación de las plantas, que incluyen denuncias de acaparamiento de tierras, deforestación y explosiones para acomodar aerogeneradores y construir caminos de acceso, afectando a fauna silvestre y doméstica. Durante la operación, el principal impacto es el ruido de las turbinas, tan frecuente que ha recibido un nombre específico: síndrome de las turbinas eólicas, que se manifiesta en trastornos del sueño, dolores de cabeza, mareos y problemas de salud mental.
En marzo, residentes de la región semiárida de Pernambuco presentaron una acción civil pública contra empresas eólicas, incluida Casa dos Ventos, y el gobierno estatal por la instalación y operación de un complejo de ocho parques eólicos y 126 turbinas en cuatro municipios. Actualmente se tramita en el legislativo de Paraíba un proyecto de ley que exigiría una distancia mínima de 1,5 kilómetros entre turbinas y residencias, escuelas u otras instalaciones públicas, lo que sería una legislación pionera. Brasil carece de protecciones para las comunidades cercanas a estos proyectos.
«A pesar de que los centros de datos pueden fomentar focos de crecimiento de energía renovable aquí y allá, no nos ayudan a lograr una transición inteligente, sensata y bien planificada alejándonos de los combustibles fósiles», advirtió el analista climático Ketan Joshi al medio. La activista climática Mikaelle Farias alertó del riesgo de que los problemas empeoren en el noreste con la expansión de las renovables y la llegada de los centros de datos.
El Ministerio de Minas y Energía declaró a los medios que «ha estado trabajando para desarrollar políticas públicas efectivas que establezcan a Brasil como un importante centro mundial de inversión en centros de datos» y que el país ofrece ventajas como «capacidad de energía solar fotovoltaica y eólica en rápido crecimiento, un dominio de larga data de la energía hidroeléctrica y certeza jurídica para los inversores». Añadió que el perfil de consumo de los centros de datos «contribuye a un mejor aprovechamiento de la generación renovable ya instalada, mitigando el recorte de generación por exceso de electricidad, un desafío que actualmente representa un problema creciente para la operación del SIN [Sistema Interconectado Nacional]».